En nombre del mito de la “estabilización” de precios, el gobierno de Milei realizó una formidable redistribución regresiva del ingreso. Esta dramática transformación social, se dio por causas diversas, principalmente por la pérdida de dinamismo de los salarios y las jubilaciones respecto a la inflación. En esa carrera, las tarifas de los servicios crecieron más que los precios de los bienes. Según el INDEC, a noviembre 2025 (último dato disponible), la inflación anual de bienes fue 25,7%, pero la de servicios fue 44,6 por ciento. El año anterior, a diciembre 2024; los bienes habían crecido 96,3% y los servicios 189 por ciento. O sea, que la tasa de los servicios duplica a la de los bienes. Pero hay más: en enero, el gobierno estrena un nuevo esquema de retiro de subsidios a los servicios públicos, así como un nuevo IPC; que luego de una notoria demora, aumenta la ponderación de los rubros vivienda y servicios, pasando del 9,44 actual a 14,5%. Resulta imprescindible entonces reflexionar sobre la naturaleza de los servicios y cómo reaccionan a las políticas antiinflacionarias de Milei-Caputo.
Naturaleza de servicios
Los servicios son un elemento crítico para la vida y la producción que tienen fuertes particularidades que deben contemplarse. A diferencia de los bienes, los servicios no pueden producirse por anticipado, no se acumulan y se consumen en el momento que se producen. Por lo tanto, tampoco son transables y en la mayoría de los casos, es imposible su exportación e importación.
A su vez, se deben diferenciar los de suma importancia: los servicios públicos. Mientras un corte de pelo es un servicio a las personas; proveer agua, luz y gas constituye un servicio público, y por la experiencia resulta conveniente que su gestión se concentre en pocas manos. Por ejemplo, no es racional que haya varias empresas haciendo túneles para pasar caños, con el propósito de apreciar cuál podría elegir el consumidor. Lo hace una sola, con la condición previa de una licitación. Esta empresa puede ser estatal o privada, en este último caso tiene que estar regulada por el Estado.
Los servicios a las personas gozan de no tener competencia con importaciones, pero sí restricción de la demanda. Si el consumidor no puede pagarlos, trata de no consumirlos: va menos a la peluquería, saca a los pibes del club, o de las clases de idiomas, de música. En cambio, los servicios públicos no pueden sustituirse, ni dejar de consumirse. La luz, el gas, el agua hay que pagarlos igual.
Pero, además, son consumos esenciales que hacen a la dignidad de las personas; y reportan un bien a toda la comunidad porque no pueden proveerse solo para algunos. Un sistema de cloacas en una ciudad es para toda la comunidad. La contradicción, en muchos casos insalvable, se presenta cuando se disponen tarifas que no todos los ciudadanos/as pueden pagar. Por eso, los subsidios cumplen la función de posibilitar el acceso total de la población a los servicios públicos. Su sostenimiento resulta vital en pos de los imprescindibles equilibrios sociales. No se puede llegar a situaciones extremas como la actual, que se ha ido transformando en insoportable. En muchos sectores humildes y de estratos de las clases medias ya resultan impagables.
Un poco de historia
Tras la crisis del 2001-2002, el kirchnerismo dispuso subsidios a los servicios públicos para estimular la demanda de los trabajadores y mejorar la rentabilidad de las empresas. Esta política fue virtuosa, como prueban los años de crecimiento del PBI, a tasas chinas. Pero, así como en los años buenos las tarifas fueron accesibles, cuando vinieron años de crisis aquel gobierno no estuvo dispuesto a dejar desamparada a la población y a las pymes. Se llegó a calibrar la política de subsidios para priorizar a los más necesitados. Consecuentemente, se quitaron en zonas pudientes y en el sector financiero. Incluso se dio la opción de la renuncia voluntaria a los subsidios.
El gobierno de Macri hizo lo opuesto: subió tarifas y redujo subsidios, es decir, favoreció a que las empresas proveedoras cobren más caro, a la vez que el Estado se fue retirando de la boleta, pasando a recaer más sobre los usuarios. Por entonces, F. Sturzenegger defendió los tarifazos como política antiinflacionaria con el siguiente argumento: al no aumentar los salarios, un alza de tarifas sobre servicios de consumo esencial, que no pueden sustituirse, dejaría a los consumidores con menos ingresos para gastar en el resto de los bienes, de forma tal que el precio de estos bajaría. Este razonamiento antisocial lo sigue usando el gobierno actual.
El Gobierno, desde su ultraderechismo, tiene como único y manifiesto objetivo el superávit fiscal; por lo tanto solo ve en los subsidios un costo a eliminar, ignorando su función social y económica.
Milei hizo pública reiteradamente su preferencia por los monopolios, lo cual es la antítesis de aquel capitalismo competitivo del liberalismo clásico. La mentada libertad, libera a los monopolios para que esquilmen impiadosamente a los consumidores, que son los ciudadanos de una nación. Un reciente estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), perteneciente a la UBA y el Conicet, señala que, entre diciembre 2023 y diciembre 2025, la canasta de servicios públicos, que incluyen la luz, el agua, el gas y el transporte, aumentó 561%, mientras que la inflación del INDEC en su nivel general fue 185%, aproximadamente. Resulta clarísimo que en el gobierno de Milei los servicios públicos aumentaron tres veces más que el nivel general de precios del INDEC. El boleto de colectivo subió 937%; el gas natural 709; el agua 386, y la luz 339. Estos porcentajes son elocuentes de la transferencia de ingresos de las mayorías al sector privado y al Estado para el pago de la deuda al FMI y a los prestamistas.
Lo que viene, o mejor dicho lo que se va
Sin embargo, para este 2026 el gobierno comenzó a ajustar más aún el torniquete en los subsidios, argumentando que era obligado para que las empresas proveedoras pudieran afrontar sus costos. El argumento no resiste ningún análisis serio: con el retiro de los subsidios, los ingresos que reciben estas empresas no cambian, lo que cambia es que los consumidores pasan a pagar cada vez más.
El nuevo esquema se propone retirar los subsidios de manera progresiva a lo largo del año. A diciembre de 2026 ya no los tendrán las familias con ingresos superiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo II, hoy en $ 1.257.329; o sea, un hogar donde todos sus integrantes sumen $ 3.771.987 deja de recibir subsidios. El resto tendrá topes de consumo con tarifa subsidiada, es decir, al pasar un umbral mínimo de consumo del servicio, pasan a abonar el remanente sin subsidio alguno.
Cabe aclarar que un hogar queda excluido del subsidio, más allá de sus ingresos declarados, basta que algún integrante cumpla alguna de estas condiciones: tenga un auto con menos de diez años, sea titular de dos o más inmuebles, posea bienes suntuarios, o pague una prepaga por fuera del empleo. Los más vulnerables que dependen de la garrafa de gas de 10 kilos, deberán llenar un formulario para acceder a un descuento en la compra usando medios de pago virtuales, y que ni alcanza para la compra de una unidad.
El gobierno quita los subsidios para cumplir con la exigencia del FMI a costa del pueblo argentino socavando un resorte que supo dar impulso al crecimiento y el sostén social en épocas de crisis. «