Una amplia nómina de figuras de la cultura argentina, entre las que figuran Ricardo Darín, Carla Peterson y Celeste Cid, hizo pública su oposición al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (26.639) promovido por el oficialismo y que este jueves logró media sanción en el Senado. Actores, escritores, músicos, intelectuales y referentes del ámbito académico se sumaron a una campaña que advierte sobre el “vaciamiento” de la norma vigente y reclama que no se avance sobre áreas consideradas reservas estratégicas de agua dulce.
En ese contexto, la Asociación de Abogados Ambientalistas impulsó una junta de firmas para rechazar la reforma. Entre quienes adhirieron figuran, además de los mencionados, Érica Rivas, Mercedes Morán, Lucrecia Martel, Rita Segato, Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Roberto Gargarella y Darío Sztajnszrajber, entre muchos otros nombres del cine, la literatura, la filosofía y la música.
La consigna que unificó las expresiones fue clara: “Los glaciares no se tocan”. Con esa frase, replicada en redes sociales y acompañada por ilustraciones y videos informativos, los artistas buscaron visibilizar lo que consideran un retroceso en materia ambiental. Desde la entidad convocante señalaron que el objetivo es demostrar que “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares” y que la ciudadanía mantiene un compromiso activo con la defensa de esos ecosistemas. La consigna se replicó este viernes con el lema «esto recién empieza», para dar a entender que seguirán apoyando la lucha para lograr detener la reforma en Diputados.
La iniciativa del Gobierno propone introducir cambios en los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Entre los puntos más discutidos figura la redefinición de qué se considera área protegida, la diferenciación entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciales” y la posibilidad de que la autoridad ambiental de cada provincia tenga mayor margen para determinar qué territorios integran el Inventario Nacional de Glaciares (ING). Para organizaciones ambientalistas, esa modificación abre la puerta a proyectos vinculados a la megaminería y la explotación de hidrocarburos en zonas hasta ahora vedadas.
La ley 26.639, sancionada en 2010 tras años de movilización social, establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la agricultura y la regulación de cuencas. El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado a partir de esa norma, contabilizó más de 16.000 cuerpos de hielo en la Cordillera de los Andes. Para los críticos de la reforma, cualquier intento de redefinir los alcances de esa protección implica poner en riesgo esas reservas.
Desde el Gobierno sostienen que la modificación “salda un reclamo histórico de las provincias” y otorga mayor autonomía sobre sus recursos naturales. Argumentan que la adecuación normativa permitirá destrabar inversiones y dinamizar economías regionales, sin abandonar los estándares ambientales. Esa postura fue respaldada por gobernadores de provincias cordilleranas interesadas en atraer proyectos extractivos.
La reforma de la Ley de Glaciares
La tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental volvió así al centro de la escena. En redes sociales, el músico Manu Chao llamó a movilizarse y denunció que la reforma beneficia a empresas extractivistas. Otros referentes culturales compartieron contenidos pedagógicos para explicar el alcance del proyecto y sus posibles consecuencias.
El cruce no es nuevo en la Argentina. La sanción de la Ley de Glaciares fue, en su momento, el resultado de una fuerte presión social que incluyó vetos presidenciales, litigios judiciales y campañas públicas. Quince años después, el debate reaparece con similar intensidad y vuelve a articular a sectores del arte, la academia y el ambientalismo.
Mientras ahora Diputados definirá el futuro de la norma, la escena cultural decidió tomar posición. Más allá del resultado legislativo, el pronunciamiento colectivo deja en evidencia que la discusión sobre los bienes comunes y el modelo productivo continúa interpelando a figuras de amplio reconocimiento público. En un país atravesado por urgencias económicas, el agua -y su resguardo- vuelve a instalarse como un eje central de disputa política y simbólica.