La gestión económica del presidente Javier Milei enfrenta un nuevo revés en Argentina, evidenciado por la aceleración inflacionaria que parece burlar todos los intentos de control. Según las cifras del Instituto de Estadística porteño, los precios en la Ciudad de Buenos Aires treparon 2,7% en diciembre, cerrando un 2025 con un acumulado del 31,8%. Este repunte, aunque presentado como acotado, consolida una tendencia ascendente que los analistas observan con creciente preocupación.
El alza no fue homogénea, pero sí generalizada, impactando con fuerza en los bolsillos de la población. El transporte lideró las subas con un 5,5%, impulsado por los combustibles y la tarifa del colectivo, seguido por incrementos en automóviles y pasajes aéreos. Sectores básicos como alimentos y bebidas subieron 2,4%, con las carnes como principal motor, mientras vivienda y salud aumentaron 2,1% y 2,5% respectivamente por alquileres, expensas y medicamentos.
Este panorama desalentador contrasta con las operaciones financieras de alto nivel que el Banco Central realizó en el último trimestre del año. En paralelo a la crisis de precios, la autoridad monetaria canceló en diciembre la totalidad de las transacciones ejecutadas bajo un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares.
Inflación mata Swap
Dicho mecanismo, activado en octubre pasado, había sido diseñado específicamente para proveer previsibilidad al mercado de cambios ante presiones especulativas. En concreto, Argentina utilizó aproximadamente 2.500 millones de dólares de esa línea, fondos que el Tesoro norteamericano inyectó vendiendo divisas en el mercado local cuando el tipo de cambio tocó su techo.
Las autoridades del BCRA han enfatizado el carácter confidencial de estos movimientos, evitando dar precisiones, y aclararon que el acuerdo swap permanece vigente para futuras turbulencias. No obstante, el cierre de esta etapa de intervención regulariza la posición financiera bilateral, poniendo fin al ciclo de asistencia directa iniciado el otoño pasado.
Desde Washington, la visión fue diferente. El titular del Tesoro, Scott Bessent, destacó en noviembre que la operación generó ganancias financieras para Estados Unidos, desmintiendo así las críticas internas que la tildaban de un rescate a fondo perdido. Además, el gobierno estadounidense condicionó explícitamente su apoyo continuo a la aplicación de «buenas políticas» económicas y al mantenimiento de la desregulación.
Precios en CABA, un indicador de la economía argentina
Mientras se desarrollaba este costoso blindaje cambiario, la inflación continuaba su carrera. Detrás del promedio, sectores como restaurantes y hoteles anotaron una fuerte suba del 4,3%, y hasta los costos bancarios se incrementaron un 4,5%, un golpe adicional para los usuarios. Solo la indumentaria, presionada por la apertura importadora, y los equipamientos del hogar mostraron aumentos moderados.
El dato de la capital funciona como un mal presagio para el índice nacional que se conocerá próximamente, sembrando dudas sobre la efectividad del programa oficial. La evidencia sugiere que las maniobras financieras de gran escala, aunque útiles para contener momentáneamente la cotización del dólar, no han logrado trasladar estabilidad a la economía real que sufren los ciudadanos.
El resultado es una paradoja crítica para el gobierno: a pesar de haber activado una de las herramientas de asistencia financiera más significativas del año, el objetivo primordial de frenar la inflación se aleja. La regularización de la deuda con el Tesoro estadounidense cierra un capítulo de emergencia, pero abre otro de incertidumbre frente a una presión de precios que no cede.
En definitiva, la coyuntura revela la profundidad del desafío. La gestión mileista se encuentra atrapada entre la necesidad de demostrar solvencia financiera internacional y la incapacidad palpable de controlar el costo de vida interno, un fracaso que los índices estadísticos se encargan de recordar mes a mes.