El cierre de Cine.ar, dispuesto por el gobierno nacional, se convirtió en un nuevo epicentro de conflicto laboral, cultural y político. La medida implica el fin de las transmisiones de Cine.ar TV, el futuro incierto de la plataforma Cine.ar Play y un esquema de presión sobre el personal: los trabajadores de planta deben optar en apenas diez días entre un retiro voluntario o el pase a disponibilidad, mientras que los contratados sólo verían renovados sus vínculos hasta fin de año.
Desde el sector audiovisual y las organizaciones gremiales, la decisión es leída como un intento de desmantelar una política pública clave para la difusión del cine argentino. Asociaciones de productores, realizadores y sindicatos advierten que se trata de un golpe directo a la circulación de películas nacionales, especialmente aquellas independientes o de provincias alejadas del circuito comercial, y que los argumentos de ahorro presupuestario resultan inconsistentes. El costo anual de las operaciones conjuntas de Cine.ar TV, Play y Estrenos se estima en 330 mil dólares, apenas el 0,9 % del presupuesto total del INCAA, que ronda los 53 mil millones de pesos.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició una ofensiva judicial. El gremio ya obtuvo un fallo favorable en el caso del INTA, donde la Justicia frenó el pase a disponibilidad de casi 300 empleados, y ahora busca aplicar ese antecedente en el terreno audiovisual. Según los abogados sindicales, las resoluciones ministeriales vulneran la estabilidad laboral porque no acreditan una supresión real de funciones, requisito legal para aplicar la figura de disponibilidad. En el INTA, el incumplimiento acarreaba multas diarias al Estado, lo que da cuenta de la firmeza con que los tribunales comenzaron a revisar este tipo de medidas.
Cierre de Cine.ar, un ataque a la cultura
El impacto cultural se suma al conflicto laboral. Para muchos cineastas, el cierre de Cine.ar no sólo recorta puestos de trabajo: implica además la pérdida de la principal pantalla de acceso público y gratuito a la producción nacional. En los últimos años, la plataforma de streaming del INCAA funcionó como una vidriera privilegiada para estrenos que no encontraban espacio en salas comerciales y como un archivo accesible de clásicos y obras contemporáneas. La decisión de privatizar la plataforma, o cerrarla si no aparece un comprador, abre un futuro incierto para el cine argentino en materia de distribución digital.
También se subraya la contradicción entre el discurso oficial y las cifras. Mientras se argumenta la falta de recursos para sostener Cine.ar, el propio INCAA destinó sumas considerables a operaciones financieras en bonos, plazos fijos y letras del Tesoro. Esa “timba financiera”, como la definieron sectores del gremio audiovisual, pone en evidencia la orientación política del ajuste: reducir políticas culturales y, en paralelo, reforzar la lógica de especulación en el sistema financiero.
El conflicto recién empieza. Con la resistencia gremial en marcha, el antecedente judicial del INTA sobre la mesa y la creciente presión del sector audiovisual, el cierre de Cine.ar es otro símbolo de la disputa entre las políticas de ajuste salvajes y los reclamos por el derecho a la difusión del cine nacional.