El anuncio del Gobierno de reducir a cero las retenciones sobre todos los granos hasta las elecciones de medio término reavivó un debate central sobre el modelo agroexportador argentino y los costos sociales de esa orientación. Aunque el discurso oficial insiste en que la medida es un reconocimiento al “campo”, productores y cooperativas sostienen que en realidad promueve una transferencia de ingresos hacia las grandes empresas exportadoras, a costa de condicionar el abastecimiento interno y aumentar los precios de los alimentos básicos.
Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) advierten que la medida no beneficia al sector que produce para el mercado interno. “Un tambero no tiene stock de granos. La mayoría del año tenemos que comprarlos dolarizados o en forma de balanceado. Y al mismo tiempo seguimos cobrando lo mismo por litro de leche desde hace meses, mientras aumentan la energía, los impuestos y todos los insumos en dólares”, explicó Sergio Vigliano, de la Cooperativa Tambera de James Craik. “No trae ningún beneficio, al contrario, complica aún más la economía del pequeño productor”.
Pablo Paillole, de Bases Federadas y ex consejero de INTA, remarcó que los pequeños productores quedan afuera de cualquier supuesto alivio. “La gran mayoría ya vendió su producción para pagar deudas o financiar la próxima campaña. Los únicos beneficiados son las siete grandes exportadoras y los pools de siembra. A nosotros solo nos aumentan los costos, mientras los precios de lo que producimos, como la carne, la leche o los huevos, siguen atados a un mercado interno con bolsillos flacos”.
Desde la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), Isaías Ghio definió la decisión como “un manotazo desesperado para juntar dólares” y alertó que “implica resignar más de 1.500 millones de dólares de recaudación que podrían destinarse a jubilaciones, salud o educación”. “La sociedad se va a ver perjudicada con alimentos más caros y un Estado más debilitado, mientras los grandes grupos exportadores refuerzan su poder”, agregó.
Ghio también apuntó al carácter electoral de la medida. “Es una medida que apunta a mejorar la imagen del Gobierno en octubre. No mueve el amperímetro en nuestro sector porque no somos tantos, pero sí genera la sensación de que se beneficia al campo, cuando en realidad se favorece al agronegocio”.
Matías Jauregui, ingeniero agrónomo y productor en Tandil, coincidió en esa mirada crítica. “La decisión de llevar las retenciones a 0 por ciento no es un alivio para el productor, como quieren instalar. Es otra transferencia de recursos hacia las grandes exportadoras y los dueños de la tierra”. Según su cálculo, al eliminar el derecho de exportación a la soja “se les está dando a las cerealeras un dólar por encima de 1.800 pesos, mientras el oficial está en 1.460”.
Un elemento clave es el respaldo que la medida recibió de las cámaras empresarias del sector. Tras una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, las autoridades de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) respaldaron la decisión y afirmaron que colaborarán en su rápida implementación. El Decreto 682/25 establece además un tope de exportaciones sin retenciones por 7.000 millones de dólares.
Otro dato que tensiona el escenario es que el Gobierno aclaró que las cosechas futuras también pagarán retenciones cero, es decir que el beneficio no se limita a los granos ya producidos sino también a los que todavía no se sembraron. El titular de ARCA, Juan Pazo, sostuvo que “no hay límite alguno, el único son los siete mil millones de dólares” establecidos en el decreto, y señaló que la operación será un “acuerdo privado entre productor y comprador”.
Ese alcance proyecta un efecto expansivo en el mercado interno. Con la liberalización extendida al futuro, los productores pueden verse presionados a liquidar todo lo que tengan o lo que produzcan, lo que abre la posibilidad de una salida masiva de granos hacia la exportación y un debilitamiento del abastecimiento local. Según estimaciones oficiales, solo en los primeros días tras el anuncio se habrían registrado operaciones por 800 millones de dólares que ingresaron al Banco Central.
La Mesa Agroalimentaria, sobre las retenciones
La MAA, integrada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra, Fecofe, Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), sintetizó su postura en un comunicado. Allí afirmó que “la eliminación de retenciones favorece a unos pocos y condena a las mayorías” y propuso “una segmentación real que diferencie a las multinacionales y pools de siembra de los pequeños y medianos productores, que necesitamos alivio fiscal y políticas diferenciales”. También planteó la necesidad de “incentivar el agregado de valor en origen, transformando granos en alimentos como leche, carne o aceite en lugar de exportar materias primas sin procesamiento” y de fortalecer el cooperativismo y la agricultura familiar como base de un modelo inclusivo.
En la misma línea, la Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro advirtió que “el Gobierno Nacional otorgó importantes beneficios económicos a las grandes exportadoras de granos que en su mayoría son multinacionales, estableciendo una mirada desigual y asimétrica con respecto a las economías regionales agroexportadoras y de mano de obra intensiva que hoy se encuentran en una situación de quebranto”.
El comunicado de la MAA también planteó la necesidad de “incentivar el agregado de valor en origen, transformando granos en alimentos como leche, carne o aceite en lugar de exportar materias primas sin procesamiento” y de fortalecer el cooperativismo y la agricultura familiar como base de un modelo inclusivo.
En palabras de Nahuel Levaggi, referente de la UTT, “la salida está en un modelo que distribuya, que sostenga a los pequeños y medianos productores, que genere empleo y que construya soberanía alimentaria”.