El anuncio del “salvataje” de la administración Trump al gobierno argentino, si bien generó una euforia fugaz en los mercados, no sirvió para recuperar las caídas de semanas anteriores. El efecto comenzó a diluirse luego de unos días y con el transcurrir de los acontecimientos.
El apoyo político del gobierno de EEUU es más que evidente. Pero las renovadas subas del riesgo país y del dólar que se han estado observando estas últimas jornadas, en una economía altamente financiarizada, no deben disociarse de las crecientes dudas sobre las características y los alcances del prometido financiamiento.
En un primer momento se dijo que “se haría todo lo necesario”, y luego que la ayuda vendría recién después de las elecciones.
Más tarde, hacia finales de la semana que pasó, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó: “Vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina”. ¿Significa que ya se descartaron otras formas de ayuda anunciadas originalmente, como la compra de deuda gubernamental primaria o secundaria, o el crédito Stand-By del Fondo de Estabilización Cambiaria?
Las dudas se alimentan de las propias complejidades que se dan al interior de Estados Unidos. Por un lado, no pasó desapercibida la reacción de los agricultores norteamericanos, que se sintieron perjudicados por la suspensión temporal de las retenciones en nuestro país. Además, no llegaron a buen puerto las negociaciones entre demócratas y republicanos, y se decretó el “cierre” temporal del gobierno federal norteamericano. En este marco de relativa estrechez presupuestaria, avanzar con la “ayuda” a la gestión mileísta podría derivar en mayores controversias internas.
A esta altura, el anuncio del “salvataje” norteamericano pareciera haberse reducido a una declaración de intenciones que apunta a mantener el control de la región. Se trata de un “apoyo geopolítico”, como señaló el presidente Javier Milei.
Según Bessent, lo que están haciendo es “mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”. Argentina, dijo en una entrevista televisiva, “es un faro ahí abajo (…). Hay chances de que muchos otros países se sumen (a las políticas libertarias o neoliberales): Bolivia, Ecuador, pienso que Colombia después de las elecciones”. El objetivo, afirmó, es detener la proliferación de “modelos económicos fallidos”.
Hay trascendidos creíbles de que se afectaría gravemente nuestra soberanía, ya que la “ayuda” vendría con fuertes exigencias, como liberar en su totalidad el mercado de cambios, dar preferencia a las empresas norteamericanas en las licitaciones públicas, sancionar una nueva ley de patentes, enfriar la relación con China e, incluso, establecer una base extra OTAN en Ushuaia. Además, se exigiría un acuerdo de gobernabilidad con Mauricio Macri y con los gobernadores.
Que el gobierno de Estados Unidos quiera “salvar” a su principal socio regional para que obtenga un buen resultado en las elecciones es un hecho que no debemos subestimar. No obstante, la considero una estrategia insuficiente para mejorar el humor de la ciudadanía argentina, que cada día tiene más padecimientos y dificultades para satisfacer sus necesidades básicas o llegar a fin de mes. El desánimo que ello conlleva no se arregla con ninguna reunión de los funcionarios argentinos con Bessent.
La economía frenada
Los datos negativos de la economía real se acumulan. El Poder Ejecutivo siempre se ha enfocado en unas pocas variables macroeconómicas para tratar de justificar sus políticas, pero, como siempre sostengo, a la macro no se la puede ver como algo escindido de la vida cotidiana de la población. Una macro que tampoco ha venido funcionando bien, ya que la baja de la inflación se viene logrando, principalmente, a costa de un consumo deprimido y en camino a una recesión.
Según el Presidente, “la economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, la inflación estaba a la baja… Esto daba un contexto electoral que era muy positivo”. Milei continuó diciendo que “del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo. Lo que ves es un esquema destructivo desde el Congreso de la Nación, con vocación destructiva. La consecuencia de esto es que aumentó el riesgo país y, cuando aumenta, se te dispara la tasa de interés y se te frena la actividad económica”. Una vez más, intenta poner en el Parlamento, otro poder del Estado, la responsabilidad por sus fracasos.
Sin embargo, en el segundo trimestre el PIB había registrado una leve caída del 0,1% frente al trimestre previo, en la serie sin estacionalidad. En este lapso, se observaron bajas en el Consumo Privado (-1,1%), en la Inversión (-0,5%), así como en las Importaciones (-3,3%), rubros que indican claramente el devenir de la actividad económica.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de julio confirma la tendencia a la caída de la producción insinuada en los meses anteriores, al registrar una baja mensual del 0,1% respecto al mes anterior, siendo ésta la tercera caída mensual consecutiva y la quinta en los primeros siete meses del año.
Además, en su apuesta por “frenar en seco” cualquier avance de la inflación, fue el propio gobierno nacional el que mucho antes de las elecciones bonaerenses indujo el incremento en las tasas de interés y la volatilidad cambiaria a través de cambios de política financiera y monetaria, que exacerbaron los problemas de los distintos sectores productivos.
Significa que hay una línea de continuidad que viene de atrás, que es producto de las propias políticas del Ejecutivo y no de la decisión del Parlamento de defender derechos vetados, que desde el oficialismo es tildada como de intentar “voltear al gobierno”.
Está claro que, si se logra avanzar con el actual modelo, las consecuencias sobre el tejido social y productivo se agravarán.
Fortalecer la división de poderes
Respecto del funcionamiento parlamentario, destaca la decisión del Senado, por amplísima mayoría, de rechazar los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan) y a la de Financiamiento Universitario. De esa forma, ambas recuperan vigencia. El gobierno ahora está obligado a promulgarlas.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda (PyH) de Diputados, el pasado miércoles, hubo una gran cantidad de intervenciones que pidieron que el presidente de la misma, José Luis Espert, se aparte del cargo. Un motivo es la denuncia por los vínculos con “Fred” Machado, pero también hay una larga lista de reproches respecto del funcionamiento de la Comisión, que ameritan por sí mismos la remoción de sus responsabilidades en la misma. Desde que asumió, Espert prácticamente no ha convocado a reuniones por iniciativa propia y PyH ha funcionado a través del emplazamiento, lo que constituye una manifiesta ineficacia en el desarrollo del cargo.
La intención de la oposición es que la Comisión funcione, que se pueda debatir y se emitan dictámenes para que se traten en el plenario. En definitiva, el objetivo principal es que las instituciones de la democracia funcionen adecuadamente. Y que el Poder Ejecutivo gestione con un Presupuesto aprobado por el Congreso es esencial para los valores democráticos.
Hoy el Parlamento tiene una función trascendental y también la tendrá en los dos años de gestión que le quedan a este Gobierno. La división de poderes sirve para poner límites y equilibrar, algo que desde el primer momento Javier Milei trató de evitar.