El programa económico del gobierno nacional está liquidando la actividad industrial. Según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, en agosto el sector registró una caída en su producción del 3% respecto a un año atrás y el 54% de sus subsectores registraron retrocesos.
La crisis industrial se tradujo en el cierre de 1614 fábricas de todos los rubros desde noviembre de 2023 hasta junio pasado (último dato oficial), equivalente al 3,3% de todos los empleadores industriales del país, según un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Pero la crisis industrial no golpea a todos los sectores por igual. Ante la situación, los empresarios optan por ajustar sobre los empleados, cargando sobre sus espaldas los efectos del problema. Las decisiones de reducción de la producción se traducen en menos horas trabajadas, primero; suspensiones, luego; y despidos en el final. Si ese ajuste no surte efecto, la patronal cierra el establecimiento. CEPA observa que, desde el fin de noviembre de 2023 hasta la mitad de este año, el sector industrial destruyó 43.063 puestos de trabajo.
En su búsqueda de escapar de la crisis, la patronal industrial está en camino de reconfigurar la calidad del empleo industrial. Según los datos del Indec al primer trimestre de este año, mientras que caen tanto los puestos como las horas trabajadas por los asalariados (registrados y no registrados), aumentan los puestos y las horas trabajadas por los no asalariados, lo que habla de una fuga del trabajo hacia formas más precarias y vulnerables de empleo, como el cuentapropismo.
Pero estas decisiones empresarias se topan cada vez más con el rechazo activo de los trabajadores damnificados. Los conflictos laborales en la industria ocupan cada vez más espacio en los medios y las redes sociales, y profundizan un estado del humor social que ha pasado de “preocupado” a “enojado”, según el Monitor Digital de Redes y Medios. Además, atraviesan a todos los sectores industriales, lo que habla de un estado de deliberación en las bases fabriles.
Hay casos muy llamativos, como el de los tercerizados de Siderar, de Techint, que conmovieron durante agosto y septiembre a la ciudad de San Nicolás con su pelea contra la empresa más poderosa del país.
De acampes y otras actividades
La agudización de los conflictos frente al ajuste derivó en un aumento de la conflictividad social producto de la resistencia obrera. El cordón industrial de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires es un ejemplo de situaciones de este tipo.
La ceramista ILVA, de Pilar, despidió a 300 trabajadores y publicó un aviso de búsqueda laboral para operarios y supervisores días después, con la intención de liquidar conquistas obreras. Las medidas de lucha no se hicieron esperar: hace más de un mes realizan cortes de ruta y bloqueos al Parque Industrial de la zona, paralizando a las 200 plantas que allí tienen sus funciones.
Emiliano, trabajador despedido de la empresa, le dijo a Tiempo: “Acampamos en la puerta; apelamos al Ministerio de Trabajo de la provincia, con conciliación obligatoria, tuvimos varias audiencias en la cual solo pudimos obtener, en una, el pago de haberes en 6 veces a los mensuales y en 3 veces a los quincenales. Quedó una deuda de la segunda quincena de agosto. Pasamos a octubre y aún no se pagó septiembre. Hace unos días fuimos a la Unión Industrial Argentina, cortamos el parque industrial en varias oportunidades, nos manifestamos en su showroom en Palermo, y en otros puntos de venta”.
Los trabajadores de la fábrica de colchones BedTime viven una situación similar. Tras sufrir 16 despidos sin indemnización la semana pasada, pasaron a asamblea permanente en la planta de El Talar y en la fábrica de Tortuguitas, cerca de Pilar, con acampe incluido en esta última. Estas medidas de lucha lograron la indemnización íntegra para los despedidos, algo que comunicaron este viernes los trabajadores.
En el caso de Georgalos, la lucha logró la reincorporación de cinco empleados despedidos por su participación sindical, aunque al cierre de esta nota, la pelea continuaba ante las trabas de la patronal de cumplir con lo establecido.
En el Frigorífico Rioplatense, luego de la muerte de Alan Paz en mayo de este año por las inseguras condiciones laborales, los trabajadores mantienen el conflicto incluso ante las amenazas de sanciones de la empresa.
Si bien Emiliano, de ILVA, pone la responsabilidad de los despidos en la patronal, también inscribe esta lógica en la situación general del país: “Es evidente que hay un vínculo con las decisiones tomadas por este gobierno. Creo que si eso no nos hace ver que este gobierno está amparando a los empresarios y bastardeando a la clase laburadora, estamos muy mal”.
Los trabajadores de BedTime van en la misma línea, aunque incluyen entre los responsables al gobierno provincial de Axel Kicillof: “La patronal, en unidad con el aparato estatal de la provincia de Buenos Aires y este gobierno libertario, se ha visto favorecida con condiciones propicias para liquidar organizaciones de trabajadores que se niegan a dejarse ajustar, todo para mantener sus ganancias”. «